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Delito de Amenazas

EL DELITO DE AMENAZAS

El delito de amenazas está tipificado en los artículos 169 a 171 del Código Penal y los bienes que protege son la integridad de la persona, tanto física como mental, y la libertad individual. Este delito castiga a aquellos que amenacen a otro con provocarle un perjuicio a él, a su familia, o a otras personas cercanas. Existe una gran controversia en este delito por su carácter subjetivo, por ello, la tenencia de pruebas de la amenaza resulta de gran relevancia para el procesamiento del delito.

Debido a la subjetividad de las amenazas el carácter doloso no es evidente, ya que el acusado puede realizar una amenaza sin ánimo de causar un mal a la persona, en cuyo caso no existiría dolo. Por el contrario, el responsable puede ser consciente del delito y realiza la amenaza para causar un perjuicio a la otra parte por lo que tendría un carácter doloso. En el dolo del acusado radica la existencia, o no, de delito.

Requisitos para que una amenaza sea delito

A continuación, analizaremos los requisitos necesarios para que una amenaza pueda ser consumada, puesto que no todas las amenazas constituyen un delito. Es necesario que la acción o hecho con la que se amenaza sea un delito regulado por el Código Penal. Es decir, la amenaza como tal debe constituir un delito y no necesariamente el hecho de amenazar. En caso contrario se considera como delito leve.

Otro aspecto importante es la intención del acusado. La amenaza ha de tener como objetivo provocar un mal a otro. La dificultad en el juicio de este delito es la subjetividad del mismo, la víctima puede interpretar la amenaza de una forma distinta a la intención del responsable, por eso es tan importante la existencia de pruebas o testigos.

Tipos de amenazas y sus penas

Existen diferentes tipos de amenazas según si constituyen un delito o si existe un carácter condicional, y a cada modalidad le corresponde una pena distinta.

Amenazas de mal constitutivo de delito

Este tipo de amenaza se da cuando la propia amenaza constituye un delito contra la otra persona. A su vez puede ser condicional o no condicional:

–  Condicional. El acusado realiza una amenaza contra la víctima con una condición que puede cumplirse o no. En el caso de que se cumpla esta condición, la pena impuesta es de uno a cinco años de prisión. Si no se cumple la pena es de seis meses a tres años.
–  No condicional: Se da cuando el acusado realiza una amenaza con el único objetivo de provocar un perjuicio a otro, sin exigir nada. En este caso la pena impuesta es de seis meses a dos años de prisión.

Amenazas de mal constitutivo de delito cuando se dirigen contra un colectivo: Modalidades agravadas

Esta modalidad de amenaza se da cuando la propia amenaza constituye un delito y se dirige a un grupo cultural, étnico, religioso, social o cualquier otro que englobe a un conjunto de personas. Es un delito agravado, cuya pena se impone en un grado superior de las comentadas anteriormente para las amenazas constitutivas de delito, independientemente de si es una amenaza condicional o no. Si esta amenaza es realizada por grupos u organizaciones terroristas que reclaman la comisión de hechos violentos, la pena impuesta será de seis meses a dos años de prisión.

Amenazas condicionales de un mal no constitutivo de delito

Este tipo de amenaza se realiza siempre bajo una condición, independientemente de que esta se cumpla, pero el hecho con el que se amenaza no constituye un delito, a pesar de poder ser un hecho ilícito. La pena para esta modalidad de amenaza es de tres meses a un año de prisión o multa de seis a veinticuatro meses. A pesar de esto, si el acusado consigue el fin perseguido a través de la amenaza será considerado como amenaza agravada y la pena se impondrá en un grado superior. Estas amenazas suponen una gran polémica ya que se puede pensar que, al no hacer referencia a un delito, no pueden ser consideradas como tal.

El concepto de condición en una amenaza

La condicionalidad es un factor clave en el delito de amenazas. Las amenazas condicionales son aquellas en las que la ejecución del hecho con el que se amenaza depende del cumplimiento por parte de la víctima de la condición impuesta. Siempre que exista esta condición será considerada como una amenaza condicional, aunque la víctima no lleve a cabo la condición impuesta. La condición es establecida por el acusado para conseguir un beneficio gracias a la amenaza. Además, si la víctima cumple esta condición, el Código Penal condena este delito como una modalidad agravada, imponiéndose las penas en un grado superior.

El chantaje

El chantaje es un tipo agravado del delito de amenazas no constitutivas de delito en el que el acusado amenaza con revelar o difundir hechos privados o un hecho delictivo cometido por la víctima o por su familia si no cumple la condición impuesta, que en este caso es la entrega de capital económico como recompensa.
Si la amenaza no cosiste en revelar un delito, la pena impuesta será de dos a cuatro años de prisión si se efectúa la condición, total o parcialmente, y de cuatro meses a dos años si esta no se cumpliera. Si se amenaza con denunciar o revelar un delito cometido por la víctima o por su familia, la fiscalía puede imponer la abstención de dicho delito si no supera los dos años de prisión. Además, se puede rebajar la pena en uno o dos grados.

Amenazas leves consideradas como delito leve

La tercera modalidad del delito de amenazas son las amenazas leves, que están relacionadas con la relación entre el agresor y la víctima, y cuyas penas son menores que las amenazas constitutivas y no constitutivas de delito. A continuación, detallaremos las más frecuentes.

Violencia de género, Violencia doméstica

En el ámbito de la Violencia de género, las amenazas tienen lugar cuando un hombre amenaza de forma leve a su mujer, cónyuge, pareja u otra persona con la que mantiene o ha mantenido cualquier tipo de relación afectiva o sentimental. La pena para este delito es de seis meses a un año de prisión o trabajos para la comunidad de treintaiuno a ochenta días, así como la privación del derecho a la tenencia de armas de un año y un día a tres años.

En el caso de la Violencia doméstica el acusado amenaza levemente a una o varias personas con las que convive, aprovechando una situación de superioridad. La pena para este delito es la misma que para las amenazas de violencia de género.

Otras amenazas leves

El Código Penal considera como delito leve otras amenazas leves como las amenazas con armas, amenazas con atenuante y amenazas en las que no exista ningún tipo de relación entre el acusado y la víctima.

El delito de amenazas en el código penal

El delito de amenazas se recoge en los artículos 169 a 171 del Código Penal. Hay diversas variantes de amenazas. Una es la amenaza condicional de un mal no constitutivo de delito. Consiste en amenazar con causar un mal a otra persona. El mal que se amenaza con causar no es un mal que consista en cometer un delito sobre esa persona amenazada.

zExisten también las amenazas condicionales, que tiene lugar cuando alguien amenaza con causar un mal que constituye delito: amenaza con matarte, violarle o robarle, entre otros delitos. Hay que tener en cuenta que alguien puede amenazar con no causarle un mal directamente, sino a un amigo o familiar. Amenazar con causar mal a alguien absolutamente desconocido no sería una amenaza.

La amenaza será más grave si es realizada con la exigencia de una condición. La condición consiste en que la persona amenazada tenga que hacer que hacer algo que quiere el amenazador, algo que puede ser una acción lícita o ilícita. Sí el que realiza la amenaza consigue su objetivo, la pena será más grave que si no consigue que la persona amenazada cumpla con la condición.

Otro tipo de amenaza sería el chantaje. En este caso, alguien amenaza a otro con el objetivo de obtener un dinero u otro beneficio, amenazando con rebelar o difundir hechos de su vida privada o de su familia. El chantaje puede consistir también en amenazar con revelar un delito que ha cometido la persona amenazada.

El Delito de Injuria

El delito de injuria está tipificado en el artículo 208 del Código Penal. Se trata de un delito contra el honor, cuyo bien jurídico protegido es precisamente este mismo, junto con la intimidad personal y la propia imagen de la víctima. La injuria consiste en la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, atentando contra su fama o contra su propia estimación. La pena para este delito es una multa de tres a siete meses.

Sin embargo, no todas las injurias son hechos constitutivos de delito, dado que este delito tiene cierto carácter subjetivo. La injuria sólo será considerada como delito cuando, por sus circunstancias, naturaleza y efectos, sean tenidas como graves por conceptos públicos. Si al denunciar unos hechos, el denunciante piensa que el responsable es la persona denunciada, conociendo posteriormente que este no era el autor del delito, y comete una injuria, no será considerada como tal.

Las injurias leves no están consideradas como delito, aunque sí que pueden conllevar una sanción. Las injurias leves en casos de violencia de género constituyen una excepción, puesto que en dicha circunstancia sí que se considera delito.

El delito de injurias se caracteriza por ser un delito doloso, el responsable es consciente de que va a provocar perjuicios y daños a la víctima con su acción. En este carácter doloso radica la existencia de delito. Además, el Código Penal no admite actuar en defensa propia contra una injuria, por lo que tendría el mismo castigo.

Tipos agravados del delito de injurias

Existen diferentes situaciones en las que el delito de injurias se considera un tipo agravado, siendo sus penas mayores que las del tipo básico.

La injuria con publicidad constituye uno de los tipos agravados. Consiste en difundir la injuria, es decir, la ofensa contra el sujeto pasivo, por medios de comunicación. Debido a esta difusión, representa una mayor gravedad, y conlleva una multa de seis a catorce meses.

La segunda modalidad agravada son las injurias mediando precio, recompensa o promesa. El Código Penal impone una inhabilitación especial de seis meses a dos años para aquellos que realicen injurias mediante precio, recompensa o promesa. Además, también se atribuirán las penas correspondientes al propio delito.

Responsabilidad penal en el delito de injurias

En el delito de injurias, el sujeto activo es el responsable penal de las injurias, pero en la modalidad agravada de injuria con publicidad, el propietario del medio de comunicación es también responsable civil. La responsabilidad penal del acusado puede desaparecer si existe una declaración de perdón por parte del ofendido o de sus representantes, salvo en el caso de que la víctima sea una persona discapacitada o necesitada de especial protección.

El perdón en el delito de injurias

El perdón en el delito de injurias puede ser manifestado por la víctima o por sus representantes, y, como hemos comentado, el Juez puede extinguir la responsabilidad penal del acusado, pero nunca la responsabilidad criminal.

El retracto en el delito de injurias

El retracto consiste en reconocer ante la autoridad judicial la falsedad de las acusaciones realizadas en la injuria, y retractarse ante ellas. En esta situación, el Juez o Tribunal impondrá una pena inferior en un grado a la correspondiente del delito. También podrá eliminar la pena de inhabilitación especial.

La denuncia por injuria

Para que un delito de injuria sea perseguido, es necesario que el ofendido, o sus representantes, interpongan una querella contra el acusado, puesto que se trata de un delito privado. Constituye una excepción los casos en los que la injuria se dirija contra un funcionario público, autoridad o a sus agentes, sobre hechos relativos al ejercicio de sus funciones, no siendo en este caso necesario interponer una querella para ser perseguido.

Para denunciar una injuria, también es indispensable realizar o intentar realizar un acto de conciliación, antes del procesamiento judicial, con el responsable de la injuria. Por ello, es necesario presentar este certificado de conciliación para que la querella sea válida.

Diferencia entre injurias y calumnias

Los delitos de injurias y calumnias son muy similares y difíciles de diferenciar, pero gracias a este artículo podrás distinguirlos a la perfección. Poseen características semejantes ya que ambos atentan contra el derecho al honor. El delito de calumnias resulta de mayor gravedad, puesto que, al igual que en la injuria, el acusado ataca o lesiona el honor y la dignidad de la víctima, pero también realiza una acusación o imputación falsa de un delito contra el sujeto pasivo, siendo conocedor de la falsedad de la declaración.

Es decir, la principal diferencia radica en el conocimiento de la falsedad de la imputación. En la injuria, el denunciante imputa de un delito a otro, pensando verdaderamente que es el responsable de los hechos delictivos. En cambio, en la calumnia, se acusa de un delito a una persona, a sabiendas de que esta no es la responsable del delito.

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EL DELITO DE USURPACIÓN DE IDENTIDAD

La usurpación de identidad es un delito tipificado en el artículo 401 del Código Penal, cuyo bien jurídico protegido es la seguridad de las relaciones y acciones jurídicas. 

Este delito consiste en apropiarse de la identidad de otra persona, simulando ser dicha persona y suplantando su estado civil para poder disfrutar de una serie de beneficios y recursos. Debido a este carácter lucrativo, se trata de un delito doloso. La consumación de esta usurpación se produce cuando el sujeto activo realiza acciones o procesos jurídicos suplantando la identidad del sujeto pasivo.

Intencionalidad del delito de usurpación de identidad

Para condenar este delito es necesario atender a la actitud o intención con la que actúa el responsable. Deben concurrir los siguientes requisitos:

– Cuando el objetivo de la usurpación es conseguir algún servicio, o utilizar la firma de documentos o contratos en nombre de la víctima.
– Cuando se utiliza para conseguir dinero, realizando préstamos o créditos en nombre de la persona usurpada.
– Cuando la usurpación de identidad se realice para cometer algún delito, con la finalidad de que el sujeto pasivo sea perseguido como responsable de dicho delito.

Suplantación ficticia de identidad

Este delito únicamente puede ser considerado como tal cuando la usurpación corresponda a una persona real, por lo que si se suplanta la identidad de una persona ficticia o inventada no existiría delito.

Tipos de delitos de usurpación de identidad

En muchas ocasiones, la usurpación de la identidad se utiliza para llevar a cabo otros delitos, como los siguientes.

Usurpación de identidad en injurias o calumnias

La injuria es toda acción o expresión que atenta contra la dignidad de otra persona, menoscabando su integridad y su fama. La calumnia consiste en la imputación de un delito a una persona, conociendo la falsedad de dicha imputación y actuando con temerario desprecio a la verdad. Las injurias o calumnias pueden realizarse para provocar un perjuicio a la persona suplantada, o con el objetivo de conseguir un beneficio económico.

Usurpación de identidad en estafas informáticas

Las estafas en medios informáticos son uno de los delitos asociados a la usurpación de identidad más frecuentes últimamente. El objetivo principal del usurpador es obtener un beneficio gracias a una serie de conductas:

– Apropiarse del dinero de la víctima mediante la sustracción de claves de cuentas bancarias.
– Divulgar imágenes o vídeos privados gracias al robo de las contraseñas, con el objetivo de perjudicar y dañar la imagen del usurpado.
– Otra de las conductas más frecuentes consiste en amenazar o extorsionar a la víctima con la difusión o revelación de fotos, datos, documentos o cuentas bancarias que tienen relevancia económica para el sujeto pasivo.
– Usurpar la identidad de otra persona para falsificar tarjetas de crédito, obteniendo un beneficio económico o material por ello, así como para solicitar un crédito, hipoteca, o cualquier otro servicio que tenga un coste económico para la víctima.

Usurpación de identidad en sabotajes informático

El sabotaje informático también es un tipo muy frecuente en relación al delito de usurpación de identidad. En este caso, todas las conductas delictivas se llevan a cabo por medios informáticos, y todas son realizadas por el responsable de la usurpación, aunque debido a esta suplantación, el responsable parece ser la persona usurpada. Algunas de las acciones frecuentes son:

– Usurpar la identidad de un trabajador de la empresa para conseguir y robar información de dicha empresa, y causando un perjuicio para la misma.
– Instalar programas espías con el objetivo de obtener información, documentos y datos confidenciales, ya sean personales, económicos o empresariales.
– Conseguir, mediante acciones informáticas fraudulentas, patentes o productos de la competencia para venderlos, obteniendo una recompensa económica por ello.

Penas del delito de usurpación de identidad

El tipo básico de este delito, es decir, la usurpación de la identidad de otra persona para obtener beneficios por ello, está castigado con una pena de seis meses a tres años de prisión.

Sin embargo, cuando esta usurpación se realiza con el objetivo de ejecutar otros delitos, como las estafas y el terrorismo informático, también se atribuirán las penas de estos delitos. Evidentemente, la usurpación se lleva a cabo para poder cometer el delito bajo la identidad de otra persona, intentando así evadir la responsabilidad penal.

Diferencias entre usurpación y suplantación de identidad

La usurpación y suplantación de identidad son conductas muy similares, pero con algunos matices que los diferencian. En ambos delitos se suplanta la identidad de la otra persona, sin embargo, en la suplantación de identidad existe una apropiación ilegítima de los derechos de la otra persona, y en la usurpación se utilizan también los datos de la víctima para obtener algún beneficio. Es decir, la diferencia principal radica en la utilización de los datos del sujeto pasivo con fines lucrativos para el suplantador.

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EL DELITO DE CHANTAJE

El delito de chantaje consiste en exigir una recompensa o beneficio, amenazando con revelar hechos privados de su vida o relaciones familiares que no sean conocidas y puedan dañar su fama, crédito o interés, si no se obtiene dicha recompensa. El chantaje se engloba dentro del delito de amenazas, y el bien jurídico protegido es la libertad y la intimidad de la persona puesto que este delito atenta contra el normal desarrollo de la vida de la víctima o de la de sus familiares.

Se trata de un delito doloso, puesto que el responsable actúa con ánimo de lucro, buscando un beneficio a cambio de no revelar los hechos. El acusado se aprovecha del miedo o debilidad de la víctima para obtener una recompensa. En el caso de que la amenaza consista en revelar un delito cometido por la víctima, el Ministerio Fiscal podría no condenar dicho hecho delictivo y, si la pena fuera superior a dos años podría rebajarse en uno o dos grados.

Sanciones del delito de chantaje

Las penas para el delito de chantaje dependen del valor o importancia de la recompensa solicitada, así como de los hechos amenazados a revelar. Cuanto mayor sea la recompensa o el beneficio obtenido, mayores serán las penas. A su vez, también depende de si el chantaje es aceptado por la víctima, siendo las penas superiores si sucede así.

Chantaje sexual

El chantaje sexual es una de las modalidades cada vez más frecuentes en la actualidad, debido al gran auge de la tecnología y las redes sociales.
Este chantaje se caracteriza porque el acusado no busca un beneficio económico a través de la amenaza, sino un placer sexual. Para ello, recurre a un chantaje emocional mediante la manipulación y seducción de la víctima.

Una vez que el acusado tiene en su posesión material para poder chantajear a la víctima, lo utiliza para intentar satisfacer sus deseos sexuales. Las peticiones más habituales son: Mantener relaciones sexuales con el responsable o con otra persona, enviar fotos o vídeos eróticos de la víctima, y obligar a la víctima a realizar actividades sexuales contra su voluntad.

Delito de extorsión

El delito de extorsión está tipificado en el artículo 243 del Código Penal. Se trata de un delito patrimonial en el que el acusado actúa con ánimo de lucro. Es un delito pluriofensivo, por lo que los bienes jurídicos protegidos son el patrimonio, la libertad y la integridad física de la víctima.
Castiga a aquellos que, recurriendo a la violencia o intimidación y actuando con ánimo de lucro, obliguen a otro a realizar u omitir una actividad o negocio jurídico provocando así el perjuicio propio o el de un tercero.

La conducta típica consiste en intimidar o utilizar la violencia sobre el sujeto pasivo para que lleve a cabo las intenciones dictadas por el sujeto activo. Ante esta violenta situación, la víctima cede a realizar dichas actividades, dañando su patrimonio. La consumación de este delito radica en el carácter doloso del mismo. El sujeto activo actúa con ánimo de lucro, por lo que es conocedor del delito que está cometiendo contra la otra persona. La extorsión conlleva una pena de uno a cinco años de prisión, además de las penas que pudieran imponerse por la violencia ejercida sobre la víctima.

Diferencias entre Chantaje, Extorsión y Amenazas

Los delitos de chantaje, extorsión y amenazas tienen en  común el carácter doloso y el ánimo de lucro del acusado, puesto que busca un beneficio o recompensa mediante la amenaza de un daño o perjuicio a la víctima. Asimismo, el responsable es consciente de que está cometiendo un hecho ilícito contra el sujeto pasivo. Los bienes jurídicos protegidos también son muy similares, y son algunos como la libertad, el patrimonio, la intimidad y la propia integridad de la persona.

El delito de extorsión se diferencia del resto en que, para ejecutarlo, es necesario recurrir a la violencia o intimidación, y el sujeto activo no siempre busca un beneficio, ya que este delito viene marcado simplemente por el perjuicio causado a la víctima o a un tercero. También existen diferencias en cuanto a las penas, siendo por lo general el delito de amenazas el más grave, aunque dependerá de la circunstancia concreta. Las penas siempre son superiores si la víctima cede al chantaje, amenaza o extorsión y el sujeto activo obtiene lo que buscaba.

El delito de amenazas cuenta con un carácter subjetivo, por lo que es más polémico que los otros dos. Además, es necesario que el hecho con el que se amenaza constituya un delito en el Código Penal para que pueda ser considerado como tal. Por el contrario, en el chantaje y la extorsión no es necesaria esta condición delictiva, sino que el mero hecho de chantajear o extorsionar es un delito.

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EL DELITO DE HOMICIDIO Y ASESINATO

El delito de homicidio y asesinato

El delito de homicidio está tipificado en los artículos 138 a 142 del Código Penal. Es uno de los delitos más graves que existen, puesto que el bien jurídico protegido es la propia vida humana.

El homicidio consiste en matar a otra persona, ya sea como consecuencia de una actitud violenta por parte del responsable, o por omisión.

La consumación se produce en el momento en el que se priva el derecho a la vida a la otra persona, aunque este delito también puede ser castigado en grado de tentativa.

El tipo básico conlleva una pena de diez a quince años de prisión. Sin embargo, según quién sea el sujeto pasivo, este delito puede agravarse:

• Si el sujeto pasivo es el Rey o Reina, así como el Príncipe o la Princesa de Asturias, la pena será prisión permanente revisable.
• Si la víctima es un descendiente de la Familia Real o de la Regencia, la pena impuesta será de veinte a veinticinco años de prisión.

Homicidio doloso

El concepto de dolo resulta fundamental en este delito, puesto que, si existiera, resultaría un delito más grave que si fuera un homicidio imprudente.

El carácter doloso del acusado implica que es consciente de que va a matar a la otra persona y tiene intención de hacerlo.

La diferencia entre el homicidio doloso y el delito de lesiones se encuentra precisamente en esta voluntad o intención de matar.

En el delito de lesiones el acusado tiene como objetivo provocar daños a la víctima, pero sin causar su muerte, mientras que en el homicidio el autor si actúa con esta intención.

Para determinar esta actitud dolosa, la jurisprudencia establece que simplemente es necesario que el sujeto activo sea consciente de que está realizando una acción que provoca un peligro a la víctima.

El homicidio doloso conlleva una pena de diez a quince años de prisión, pero puede ser agravado en determinadas circunstancias:

• Cuando la víctima es menor de dieciséis años, o una persona especialmente vulnerable por su edad, enfermedad o cualquier otra circunstancia.
• Cuando el delito es llevado a cabo por una persona que pertenece a una organización o grupo criminal.
• Cuando el responsable lleve a cabo el homicidio después de haber cometido un delito contra la libertad sexual de la víctima.
• Si los hechos son, además, constitutivos de un delito de atentado contra la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos.

En estos supuestos, la pena impuesta será prisión permanente revisable.

El diseño de una estrategia legal de defensa desde el inicio, es determinante para la resolución favorable de este tipo de casos.

Homicidio imprudente

Bufete de Abogados especialistas en Homicidios y Asesinatos

El homicidio imprudente es una conducta más leve que el doloso, a pesar de la gravedad propia del delito.

En este caso, el homicidio se produce de forma imprudente, es decir, el autor no tiene la intención de matar. Para ello es necesario que el sujeto activo ejerza el deber objetivo y subjetivo de cuidado.

Asimismo, se distingue un homicidio por imprudencia grave o menos grave.

El homicidio por imprudencia grave conlleva una pena de uno a cuatro años de prisión, aunque dependiendo de la situación, pueden imponerse otras penas:

• Si para ejecutar el homicidio imprudente se ha utilizado un vehículo de motor o ciclomotor, se impondrá además la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores de uno a seis años.
• Si se ha utilizado un arma de fuego, este delito conlleva la privación del derecho a la tenencia de armas de uno a seis años.

También existe un subtipo agravado del homicidio por imprudencia grave que puede imputarse si el hecho delictivo resulta de especial gravedad, en función de la entidad y del riesgo ocasionado, y si se ha provocado la muerte de dos o más personas, o la muerte de una y lesiones constitutivas de delito en la otra. En este subtipo se impondrá una pena superior en un grado.

El subtipo hiperagravado se da cuando el número de fallecidos es muy alto, en cuyo caso la pena será agravada en dos grados.

El homicidio imprudente menos grave está castigado con una multa de tres a dieciocho meses, y será imputado cuando el Juez considere que la imprudencia no resulta grave.

Si se ha utilizado un vehículo de motor o ciclomotor para cometer el delito se puede imponer la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses.

Si se ha utilizado un arma de fuego puede atribuirse la privación del derecho a la tenencia de armas de tres a dieciocho meses.

Homicidio por imprudencia profesional

Cuando la causa del homicidio sea una imprudencia profesional, esta castigado con la pena correspondiente del delito imprudente y, además, se castigará con una inhabilitación especial para ejercer la profesión, labor o cargo de tres a seis años.

Homicidio preterintencional

Además de los tipos comentados anteriormente, se distingue una conducta llamada homicidio preterintencional que, a pesar de no estar regulado en el Código Penal, es bastante frecuente.

Este tipo se da cuando no es posible considerar el homicidio como doloso o imprudente, es decir, cuando se desconoce la intención última del sujeto activo.

En estos casos, la jurisprudencia establece que se ha de tener en cuenta la actitud dolosa del acusado y el resultado de esta actitud.

Aunque la muerte no fuera el objetivo del autor, sería considerado como homicidio doloso.

Homicidio culposo o involuntario

El homicidio culposo o involuntario es aquel que se da cuando se produce una muerte como resultado mediante una acción que no responda al cuidado objetivamente debido.

Es necesario que el homicidio se haya producido precisamente como consecuencia de la inobservancia (de aquél), o que se realizara una acción desconociendo una cualidad de la misma o de su objeto como consecuencia de la inobservancia del cuidado objetivamente debido (delitos culposos de acción).

Así, el Tribunal Supremo de lo Penal destaca que «cualquiera que cause por imprudencia un hecho, será siempre autor, que la omisión del deber de cuidado, en el delito culposo, se lleva a cabo de un modo estrictamente personal, sin que resulte transmisible la responsabilidad que de ella se deriva a otros ni bajo otras formas participativas (cooperación necesaria, complicidad, etc.) y, menos aún, para que éstos la asuman por una vía como la del artículo 11 del Código Penal, que requiere el conocimiento de la infracción que se está cometiendo por aquel sobre quien recae el deber de garante, para proceder a su evitación, de modo que de no haberse producido ésta, la omisión equivalga a la causación del resultado».

El homicidio culposo suele darse en las siguientes situaciones:

• Accidentes de vehículos
• Negligencias médicas
• Abusos o negligencias en el cuidado de personas

Si el motivo del homicidio culposo fuera por una negligencia se le conoce también como homicidio negligente. Por ejemplo, si una persona muere por un accidente de trabajo debido a la falta de seguridad por parte de la empresa, o si un enfermo muriera por una negligencia médica en el hospital.

Tentativas acabadas e inacabadas en el delito de homicidio

La consumación del delito de homicidio tiene lugar precisamente cuando se produce la muerte de la víctima.

Sin embargo, si esto no llega a ocurrir, también puede ser condenado en grado de tentativa. Para ello es necesario valorar los siguientes aspectos, que también sirven para diferenciarlo del delito de lesiones:

• Relación entre acusado y víctima.
• El momento elegido para cometer el delito.
• Los antecedentes y el contexto del suceso.
• Los medios o armas utilizadas.
• Las lesiones y daños provocados, así como la zona del cuerpo atacada.
• La intensidad del ataque.
• El estado de salud de la víctima una vez finalizada la agresión.

Desistimiento en el delito de homicidio

El desistimiento es una forma imperfecta de este delito. Este se produce cuando el sujeto activo desiste o evita, voluntariamente, la consumación del delito.

Según el artículo 16 del Código Penal, esta conducta de desistimiento exime la responsabilidad penal del delito intentado.

Prescripción del delito de homicidio

El delito de homicidio prescribe a los quince años después de haber sido consumado.

En el caso de la tentativa de homicidio, si la víctima fuera menor de edad, el plazo comenzaría desde la mayoría de edad de la víctima y, si falleciera antes, desde el momento del fallecimiento.

Prescripción de la pena de homicidio

La prescripción de la pena correspondiente al delito de homicidio depende directamente del tipo o conducta llevada a cabo:

• Cuando el homicidio sea penado con quince o más años de prisión, la pena prescribirá a los veinte años.
• Cuando la pena sea de más de diez y menos de quince años de prisión, como el homicidio doloso, la pena prescribe a los quince años después de la consumación.
• Si se impone una pena de más de cinco y menos de diez años de prisión, la pena prescribe a los diez años.
• El homicidio imprudente grave prescribe a los cinco años ya que no supera los cinco años de prisión.
• El homicidio imprudente menos grave prescribe también a los cinco años.

¿En qué se diferencia un homicidio de un asesinato?

Ambos delitos atentan contra la propia vida humana, y el resultado del delito es el mismo, la muerte de la víctima. Sin embargo, la diferencia principal radica en la intensidad del ataque por parte del sujeto activo, el asesinato es la máxima intensidad del homicidio.

En el asesinato, el autor se ensaña contra la víctima, actuando con una intención puramente criminal. También se trata de asesinato cuando se produce mediante precio o recompensa.

En cuanto al dolo, en ambos está presente, siendo mucho más agresivo y expresivo en el asesinato. La consumación también se da en el mismo momento, la muerte de la víctima.

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EL DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

El delito de violencia doméstica se encuentra tipificado en el artículo 173 del Código Penal, y se engloba dentro de los delitos contra la integridad moral. El bien jurídico protegido por este delito es la propia dignidad de la persona, así como la paz en el núcleo familiar.

El presente delito consiste en ejercer violencia física o psíquica, de forma habitual, sobre una persona que esté o haya estado ligada al responsable por una relación afectiva, sobre los menores o personas necesitadas de especial protección que convivan con él, o sobre las personas que estén sujetas a la potestad, tutela o acogimiento del conviviente.

Es decir, este delito engloba todas aquellas conductas violentas que tienen lugar en el ámbito familiar y que afecta a alguno o varios de sus miembros. Se trata de un delito con carácter doloso pues el sujeto activo ejerce los actos violentos con total voluntad y conscientemente.

Víctimas de la violencia doméstica

Las víctimas del delito de violencia doméstica son todos aquellos miembros que forman parte del núcleo familiar. En concreto, pueden ser víctimas de este delito:

• Una persona que esté o haya estado ligada al sujeto activo por una relación de afectividad, independientemente de si existe o no convivencia.
• Los descendientes, ascendientes o hermanos del cónyuge o conviviente, ya sea por naturaleza o adopción.
• Los menores o personas discapacitadas que convivan con el responsable, o estén sujetos a la potestad o tutela del cónyuge o conviviente.
• Cualquier persona que se encuentre integrada en el núcleo familiar, aunque no pertenezca naturalmente a la familia.

Todas estas personas pueden ejercer el papel de sujeto pasivo en este delito, mientras que el sujeto activo es la persona que lleva a cabo la violencia en el ámbito familiar, que puede ser cualquier miembro de la propia familia.

Diferencias entre violencia doméstica y violencia de género

En el delito de violencia doméstica la víctima puede ser cualquier miembro del núcleo familiar, mientras que en la violencia de género sólo puede ser una mujer.

Penas para la violencia doméstica

El delito de violencia doméstica conlleva una pena de prisión de seis meses a tres años, junto con la privación del derecho a la tenencia de armas de tres a cinco años. También se puede imponer, si el Juez o Tribunal lo considera acertado para la salud familiar, una inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela o acogimiento de los menores o personas discapacitadas durante un período de uno a cinco años.

Estas penas pueden agravarse, imponiéndose en su mitad superior, cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:

• Cuando la violencia se lleve a cabo en presencia de menores.
• Cuando tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima.
• Cuando para llevar a cabo el delito se utilicen armas, independientemente de si se utilizan o no.
• Cuando se quebrante una medida cautelar o de seguridad, así como algunas de las contempladas en el artículo 48 del Código Penal.

Además de estas penas, el delito de violencia doméstica puede conllevar penas asociadas a las lesiones provocadas por la violencia ejercida.

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El Delito de Calumnia

Este delito se encuentra tipificado en el artículo 205 del Código Penal y se trata de un delito privado contra el honor, siendo este el bien jurídico protegido, junto con la dignidad de la propia víctima y la verdad. La calumnia consiste en acusar o imputar un delito a otra persona, conociendo el denunciante la falsedad de dicha imputación. Es decir, el responsable actúa de forma dolosa y con temerario desprecio a la verdad puesto que realiza una acusación falsa. En este carácter doloso radica el delito.

Para que se produzca una calumnia, es necesario que el hecho delictivo imputado constituya un delito regulado por el Código Penal. Por el contrario, a pesar de la imputación falsa, no sería considerado como calumnia. El autor de un delito de calumnias busca con la imputación provocar daños y perjuicios sobre la víctima, dañando su honor y atacando contra la verdad.

Calumnias con publicidad

Las calumnias con publicidad son la conducta más grave de este delito. Consiste en difundir o divulgar la calumnia, o las acusaciones falsas, por medios de comunicación, haciendo que la imputación llegue a mucha más gente y provocando mayores daños y perjuicios sobre la víctima. Al difundir las imputaciones por medios de comunicación, la repercusión de estas es mucho mayor y, por tanto, mayor perjuicio para el sujeto pasivo. La pena para esta modalidad es de seis meses a dos años de prisión, y multa de doce a veinticuatro meses.

Calumnias sin publicidad

La calumnia sin publicidad constituye el tipo básico de este delito. Consiste en realizar una acusación falsa, sin difundirlo en medios de comunicación. Esta conducta típica conlleva una pena de seis a doce meses de multa. Sea cual sea tu caso, te animamos a que busques un profesional que pueda llevar tu defensa, puesto que te será mucho más sencillo y fácil contar con la ayuda de un experto.

Diferencias entre injurias y calumnias

Los delitos de injurias y calumnias son muy similares y difíciles de diferenciar, pero gracias a este artículo podrás distinguirlos a la perfección. Poseen características semejantes ya que ambos atentan contra el derecho al honor. El delito de calumnias resulta de mayor gravedad, puesto que, al igual que en la injuria, el acusado ataca o lesiona el honor y la dignidad de la víctima, pero también realiza una acusación o imputación falsa de un delito contra el sujeto pasivo, siendo conocedor de la falsedad de la declaración.

Es decir, la principal diferencia radica en el conocimiento de la falsedad de la imputación. En la injuria, el denunciante imputa de un delito a otro, pensando verdaderamente que es el responsable de los hechos delictivos. En cambio, en la calumnia, se acusa de un delito a una persona, a sabiendas de que esta no es la responsable del delito.

El acto de conciliación en los delitos de injurias y calumnias

De acuerdo con el art. 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que una querella por injurias o calumnias sea admitida es necesario instar previamente ante el juzgado civil un acto de conciliación con el querellado. En el caso de que este acto de conciliación termine sin acuerdo, el juzgado entregará al solicitante de la conciliación un certificado de haber celebrado el acto. El querellante deberá presentar este certificado junto a su querella ante el juzgado de guardia. De lo contrario, la querella será inadmitida, por falta de este requisito de procedibilidad.

El delito de calumnias en el código penal

La calumnia es un delito contemplado en los artículos 205 a 207 del Código Penal. Consiste en la imputación de un delito realizada con conocimiento de su falsedad. El calumniador acusa a una persona de haber cometido un delito sabiendo que es mentira. El calumniador debe saber que la acusación no es cierto, pues de lo contrario no cometería delito, aunque posteriormente se comprobará que efectivamente que el delito no ha tenido lugar

La calumnia tiene dos modalidades: si se realiza con publicidad pues tiene una pena más grave, prisión de seis meses a dos años o una multa de 12 a 24 meses; si no se realiza con publicidad la pena es una multa de seis a doce meses. La calumnia se comete con publicidad pues cuando se difunde. No es necesario que se difunda a un gran número de personas. Si se difunde a un pequeño número, pero esa difusión causa un perjuicio al calumniado, también se considera por la jurisprudencia que el delito ha sido cometido con publicidad .

Hay que tener en cuenta que si el investigado por calumnia prueba durante que la acusación que efectuó (la acusación por la cual está imputado) es cierta, puede de esta forma demostrar su inocencia y ser absuelto.

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EL DELITO DE COACCIONES

Las coacciones están reguladas en el artículo 172 del Código Penal. Se trata de un delito contra la libertad de la víctima, por lo que el bien jurídico protegido es este mismo, la libertad del individuo a obrar según su voluntad. La coacción castiga a aquellos que, recurriendo a la violencia y sin estar legítimamente autorizado, impidan a otro a hacer algo no prohibido por la ley, o le obliguen a ejecutar una acción que no desea, independientemente de si es justo o injusto.

El sujeto activo actúa con dolo, conociendo que está atentando contra los derechos de la víctima y utilizando la violencia para poder condicionar las decisiones del sujeto pasivo sobre su propia vida. La existencia de violencia se debe precisamente a esto, poder influir sobre la víctima y conseguir así su propósito. La consumación de este delito se da cuando el sujeto activo consigue el fin que persigue y, por lo tanto, el sujeto pasivo no hace aquello que quería o actúa en contra de su voluntad.

Tipo básico del delito de coacciones

El tipo básico de este delito incluye dos conductas, impedir al sujeto pasivo que realice acciones no prohibidas por la ley, y obligar a la víctima a hacer algo en contra de su voluntad.

En el primer tipo, el sujeto activo utiliza la violencia sobre la víctima para impedir que esta lleve a cabo una acción que voluntariamente quiere ejecutar, siempre que no esté penada por la ley. Para que pueda ser considerado como delito, el acusado no puede estar legítimamente autorizado para restringir la libertad de la víctima.

En la segunda conducta, el objetivo último del acusado es obligar a que el sujeto pasivo realice actos o acciones contrarias a sus intenciones. Para ello se recurre a la fuerza, influyendo sobre las decisiones de la víctima de hacer aquello que realmente quiere.

En ambos casos el acusado utiliza la violencia para conseguir su propósito. La intensidad de la violencia ejercida sobre la víctima ha de ser tal que pueda condicionar la actitud del sujeto pasivo, restringiendo su libertad. Asimismo, el concepto de violencia engloba tres modalidades:

– Violencia física: Se trata de un daño físico provocado a la víctima.
– Intimidación: Es el anuncio de un mal grave e inmediato.
– Violencia o fuerza en las cosas: Se da cuando el acusado provoca daños materiales a la víctima, alterando el normal desarrollo de su víctima.

Tipo agravado del delito de coacciones

Además de la conducta típica que hemos comentado, este delito presenta un tipo agravado que conlleva penas mayores. Esta conducta se da cuando la coacción del sujeto activo tenga como objetivo impedir el ejercicio de un derecho fundamental a la víctima. En este caso las penas se impondrán en su mitad superior. La misma pena conlleva la coacción que impide a la víctima el legítimo disfrute de su vivienda.

Delito leve de coacciones

Si la intensidad de la coacción no es muy intensa, será considerada como un delito leve. Este apartado es polémico dado que no resulta difícil determinar la intensidad del hecho delictivo. La jurisprudencia se basa en la intensidad y entidad de la violencia ejercida, la gravedad de la acción impedida u obligada y la actitud del acusado. La coacción leve no es un delito perseguido de oficio, por lo que es necesaria una denuncia de la víctima o de sus representantes para poder ser perseguido.

Coacciones en violencia de género

Las coacciones en la violencia de género tiene lugar cuando el sujeto activo coaccione a una persona que sea o haya sido su mujer, y esté o haya estado ligado a ella por una relación de afectividad, independientemente de si hay convivencia o no. La coacción en la violencia de género tiene una pena de seis meses a un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años. Además, si el Juez o Tribunal lo considera adecuado puede inhabilitar al acusado para el ejercicio de la patria potestad o tutela del menor o de una persona discapacitada necesitada de especial protección durante cinco años.

Coacciones en violencia doméstica

El delito de coacción también puede producirse dentro del entorno doméstico o del domicilio, en cuyo caso recibe el nombre de coacción en la violencia doméstica. Se produce cuando la coacción es ejercida sobre una persona especialmente vulnerable que convive con el sujeto activo y conlleva las mismas penas que en la coacción en violencia de género.

Penas del delito de coacciones

La pena para el tipo básico de este delito es de seis meses a tres años de prisión o multa de seis a veinticuatro meses, dependiendo de cada caso. En el caso del tipo agravado, las penas se imponen en su mitad superior. Los delitos de coacción en violencia de género o doméstica pueden ser agravadas, imponiéndose las penas en su mitad superior, si se da alguna de las siguientes circunstancias:

– Cuando se utilicen armas para la consumación del delito.
– Cuando el delito se cometa en presencia de menores de edad.
– Cuando el delito tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima.
– Cuando para llevar a cabo el delito se quebrante una de las penas recogidas en el artículo 48 o una medida cautelar.

En cuanto a los atenuantes, el Juez o Tribunal podrá recurrir a una regla de atenuación de la pena de carácter facultativo siempre que se justifique en la sentencia, reduciendo las penas impuestas en un grado.

El acoso

El acoso es una de las modalidades del delito de coacción. Se produce cuando la coacción consiste en acoso o stalking a la víctima, es decir, una persecución molesta y repetitiva que altera el normal desarrollo de su vida. Algunas de las conductas que recoge el delito de acoso son:

– Vigilancia, persecución o búsqueda física de la víctima.
– Establecer, o intentar establecer, contacto con la víctima mediante los medios de comunicación o terceras personas.
– Usar indebidamente sus datos personales para contratar servicios o adquirir productos, así como hacer que terceras personas se pongan en contacto con la víctima.
– Atentar contra la libertad o contra el patrimonio del sujeto pasivo, o contra el de una persona cercana.

Si se da alguna de estas situaciones, se impondrá una pena de tres meses a dos años de prisión, o multa de seis a veinticuatro meses. Si la víctima es una persona especialmente vulnerable, conlleva una pena de prisión de seis meses a dos años

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